Comparto con ustedes una columna que escribí para el diario La Segunda del lunes 19 de octubre de 2009.

Estos días se armó un debate por la decisión de la Cámara de Diputados de suspender por un mes sus sesiones, manteniendo la dieta y re-programando el trabajo. Varios alcaldes hemos criticado la medida, no por la suspensión -que en sí que nos parece razonable- sino específicamente  por la mantención del sueldo durante ese período.

Tenemos la más alta consideración de la labor parlamentaria y política en nuestro país. No sólo porque creemos que esta es fundamental para el desarrollo del país, sino porque sin instituciones políticas sólidas (partidos y Congreso) simplemente no existe Democracia. En ese sentido, nuestra crítica apunta a una medida puntual que creemos que no ayuda a re-prestigiar el Congreso Nacional, sino por el contrario.

Ignorando las críticas personales y bajas de parte de algunos ("los alcaldes son envidiosos", "han mostrado la hilacha", "están picados"...etc), lo cierto es que el debate ha servido para clarificar algunas cosas. La intención de la medida era justa: evitar la ausencia masiva de parlamentarios al trabajo legislativo en tiempo de campaña, con la pérdida de sesiones que nunca se recuperan. En ese sentido hay que reconocer que, de cumplirse, la reprogramación de sesiones es un avance. También queda claro que la labor parlamentaria va más allá de solamente legislar, incluyendo las funciones de fiscalización y representación, ambas realizables fuera del Parlamento.

Con todo, el fondo del asunto sigue siendo el mismo y responde a una lógica que simplemente no comparto. El sueldo del parlamentario (al menos aquel porcentaje que corresponde al trabajo legislativo), no tiene ninguna vinculación con el trabajo efectivamente realizado. En efecto, el sistema actual permite que un parlamentario no vaya a ninguna sesión legislativa (en comisión o en pleno) e igual reciba su sueldo completo a final de mes. Alguien me dirá "eso ocurre en todos los Congresos del Mundo o bien que siempre ha sido así". Puede ser. Pero eso no lo hace ni bueno ni conveniente para el prestigio de la política y la actividad parlamentaria. Mayor accountability en este punto no le haría mal al Congreso.

Respecto al debate mismo, creemos que el criterio aplicado a las elecciones municipales es también aplicable para el Parlamento. Es decir, el mes previo a una elección se suspende las funciones del alcalde y el uso de recursos fiscales (incluido el sueldo). Esto, no sólo se justifica por posibles abusos, sino también por una mayor igualdad para el candidato que desafía a la autoridad en ejercicio, quien debe pagarse su propio sueldo.

No creemos tener la verdad absoluta sobre este tema. Por cierto tampoco creemos tener una superioridad moral sobre nadie. Lo que sí creemos es que en una sociedad democrática existe el derecho a criticar las decisiones políticas sin que nadie se sienta ofendido y menos descalificado. El debate democrático nos hace bien a todos.

Sin perjuicio de lo anterior, las últimas tres directivas de la Cámara han adoptado muchas medidas que demuestran un compromiso fuerte con la modernización y re-prestigio de la política y su institución. Hacer público en Internet todos los gastos, la asistencia y las votaciones, y que cada día se transmitan más sesiones de comisión en el canal del Congreso (algún día serán todas y por Internet) son grandes avances. Esto sólo demuestra que queda mucho por hacer para mejorar, transparentar y re-legitimar la función del parlamento. En este debate no sobra nadie y no se pueden descartar ideas de plano...simplemente porque no se han aplicado nunca antes o porque no se aplican en otros lugares del mundo.