El programa "Contacto" de Canal 13 mostró la semana pasada las dos caras de la delincuencia infantil en nuestro país. Por un lado, la experiencia dolorosa de niños como Cisarro, Loquín, y tantos otros, que producto de familias disfuncionales, trastorno conductuales y un entorno extremadamente adverso, parecen condenados a una vida consagrada al delito. Por otro, y de manera esperanzadora, el reportaje también mostró que hay una puerta de salida. Programas para niños primerizos como el "Construyendo a tiempo" de Peñalolén con el Ministerio del Interior y Carabineros, casas de acogida como la San Francisco de Asís y programas como el del hospital Calvo Mackenna, pueden ser un aporte relevante para modificar esta innegable y cruda realidad.

Me atrevo a afirmar que el debate nacional sobre este fenómeno ha terminado encaminado en la dirección correcta. Si bien los casos de delincuencia infantil alcanzaron una gran notoriedad y escándalo, al final lograron remecer a muchas conciencias y a las instituciones encargadas de velar por ellos. Aquí no tuvieron la última palabra aquellos que irresponsablemente se apresuraron a pedir rebaja en la edad de imputabilidad penal, o de los oportunistas que vieron aquí una posibilidad de sacar dividendos políticos. Al final imperó la lógica de Estado sobre la necesidad de una reforma profunda. El anuncio del gobierno de enviar un proyecto al Congreso para reformar el Servicio Nacional de Menores es probablemente la mejor noticia de las últimas dos semanas.

Tal como lo recomendara la Comisión de Infancia de la Presidenta Bachelet, se ha tomado la decisión de separar el rol protector que cabe hacia niños abandonados y vulnerados en sus derechos, del rol de control que le cabe al Estado en su papel de hacer efectiva la responsabilidad penal de niños y jóvenes mayores de 14 años, incluyendo la de tratar y rehabilitar a niños menores de esa edad, uno de los desafíos más difíciles y, también por ello, menos logrados a escala nacional.

Con todo, no basta la reforma del SENAME. También se requieren programas de prevención y de tratamiento que involucran a otras instancias. En esa línea, el proyecto presentado por las Subsecretarías de Carabineros y Justicia al Gobierno Regional, para hacer un piloto de tratamiento a niños de alta complejidad en sus propias comunas, es también una excelente noticia. Alguien podría decir que estas medidas son tardías. Yo soy de los que cree que nunca es tarde para salvar a un niño o una niña.  También creo en la resciliencia y en que el medio influye, pero no determina. En Peñalolén hemos logrado salvar a más de 300 menores primerizos que han vuelto a sus colegios, han comenzado una nueva vida y no han vuelto a delinquir. Ellos son más que una cifra. Son una cifra que esperanza.

Estamos en tiempos difíciles en que nuestra comunidad clama por más seguridad. La gente honrada y trabajadora exige de nosotros un combate frontal al delito, independiente de la edad del delincuente. Quienes somos autoridades tenemos el deber de responder con firmeza a las expectativas y la legítima aspiración de las personas a vivir en un entorno seguro. Aquí son fundamentales el rol de policías, fiscales y jueces.

Sin embargo, la comunidad también nos pide "prevenir el delito". Para eso se requiere un trabajo fuerte de mejoramiento urbano, de organización comunitaria, de vigilancia municipal, y de trabajo psicosocial. En este último ámbito, tenemos que combatir las causas que favorecen el delito a temprana edad con decisión, firmeza e inteligencia. La idea no es sólo combatir los delitos de hoy, sino disminuir los de mañana.

Una sociedad con cárceles para niños de 10 años, sería una sociedad fracasada. Como muchos, espero que la historia del Cisarro tenga un final distinto. Que este lamentable y meteórico protagonismo mediático de paso a una nueva oportunidad para su niñez y adolescencia, y que como sociedad demostremos que cuando falla la familia, el resto de las instituciones sí puede responder. Estoy convencido que este camino es más rentable, eficiente y sustentable que el de la mera la represión, o peor aún, que la indiferencia.

Claudio Orrego