Las últimas semanas hemos seguido el debate sobre la tramitación de dos proyectos de ley en EEUU referidas al tráfico de contenidos por internet, denominadas SOPA (Stop Online Piracy Act)  y PIPA (Protect IP Act).  Si bien estas propuestas han sido temporalmente retiradas del Congreso, es necesario reflexionar sobre su impacto y casi nulo debate en Chile.

No obstante su complejidad técnica y sus múltiples aristas, sorprende que en nuestro país poco o nada se haya dicho sobre un tema que afecta el corazón de la revolución de Internet y redes sociales: la libertad. Si bien es una ley de EEUU, es un hecho que afectará a todos los que consumen y generan contenidos digitales a nivel global. Ello, porque su impacto va mucho más allá de una batalla legal entre la industria de contenidos y los piratas. Si fuera así de simple, no se entendería por qué empresas como Google, Microsoft, Yahoo y Facebook están en contra. También es esperable que los costos de implementación de una normativa como esta serán traspasados por las empresas proveedoras de internet a los consumidores, incrementando la ya suficientemente ancha brecha digital.

El tema más trascendente, sin embargo, es cómo regular y proteger el derecho a la legítima compensación para los creadores de contenido sin afectar las libertades personales en Internet, limitando una revolución de todavía insospechados impactos sociales, económicos y políticos.
El primer error ha sido considerar esa discusión como dicotómica y lineal. Si vemos a nuestra sociedad como el triángulo que combina Sociedad Civil + Mercado + Estado, hay que entender que la entrada de internet hizo que los vértices de Sociedad Civil y Mercado cambiaran profundamente, así como las formas de relacionarse entre ellos. El Estado es lejos el actor más rezagado de este trinomio, y por eso tiende a apelar a medidas retrogradas y poco innovadoras, como la SOPA y la PIPA.

¿Qué postulan esas normas? Básicamente controlar el tráfico de material protegido por derechos de autor, obligando a empresas distribuidoras de internet a monitorear lo que pase por sus canales de distribución y a castigar directamente a los usuarios que las violen cancelando cuentas de usuario e incluso eliminando su acceso a internet. Cómo la mayoría de las empresas donde se alojan contenidos son norteamericanas (como Youtube, Google, Wikkipedia y Facebook), el control y la censura terminaría aplicándose a todos los contenidos del mundo. ¿Se imagina su cuenta de correos fuera cerrada por enviar un Poema, un video o una canción de alguien famoso a su esposa? Al abrirse el espacio legal para el control y la censura, se pierde un bien muy preciado como la libertad en la red.

Además la norma permite que las empresas proveedoras tomen medidas sólo con las denuncia de quién se sienta afectado sin orden judicial de por medio. Todo esto pone en riesgo, sin duda, la libertad de expresión, los derechos civiles sobre privacidad de correspondencia, y el desarrollo de nuevos contenidos y emprendimientos tecnológicos, ya que el marco legal será tan restrictivo que sería insostenible para nuevas y pequeñas empresas.
Si bien el fin es loable (detener la piratería), la solución afectaría las libertades de las personas, con una política de ultra regulación que terminaría limitando procesos tan importantes como la revolución democrática del Norte de África y Asia. Nadie duda que lo sucedido en Egipto, Siria, Libia, España, e incluso en nuestro país, en relación a la irrupción de movimientos sociales que demandan transformaciones políticas, hubiera sido imposible sin la libertad que existe hoy en el uso y acceso a las redes sociales e Internet. La idea de un Estado con atribuciones para monitorear expresamente las redes y su contenido, atenta contra uno de los motores de estos cambios. ¿Qué pasaría en China si no existiera la burda censura actual en Internet? Nadie lo sabe. Pero como dijo Giorgio Jackson en un seminario en Peñalolén, “sin las redes sociales el mensaje habría sido igual de potente, pero no habría tenido un grado de masividad suficiente para gatillar el cambio real”.

El mercado ya está proveyendo modelos de negocios cómo los de Netflix o Itunes, donde se compatibiliza de mejor manera el respeto a la propiedad y la libertad. El desafío para quienes tienen la responsabilidad de las Políticas Públicas es saber armonizar bienes que pueden entrar en colisión.  Existen dos caminos: comenzamos una cacería de brujas que termine por destruir espacios inéditos de participación y movilización, o nos ponemos a construir innovaciones que permitan a nuestras instituciones estar a la altura del desafío. Creo que lo segundo es lo que la sociedad espera y demanda de nosotros.

Claudio Orrego